Política Economía Local 2026-02-12T17:08:38+00:00

La fiscalía argentina investiga los vínculos de un empresario con el narcotráfico

El Ministerio Público Fiscal de Argentina ha iniciado una investigación sobre los presuntos vínculos del empresario Leandro Camani con el narcotráfico. La revisión de una solicitud para investigar sus actividades se produce en medio de una disputa por el multimillonario negocio de los sistemas de fotomultas.


La fiscalía argentina investiga los vínculos de un empresario con el narcotráfico

La Fiscalía Federal de La Plata deberá analizar el pedido presentado por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) para que se investiguen los presuntos vínculos del empresario Leandro Camani con un supuesto narco rosarino. El presidente de la AFA sostuvo ante el fiscal que Camani le habría solicitado autorización para instalar nuevas cámaras de fotomultas en rutas y accesos administrados por el CEAMSE. Contreras registraba antecedentes por robo calificado y habría sido mencionado en vínculos con bandas narco rosarinas. La entidad empresaria dejó asentado que el hecho no configura por sí mismo responsabilidad penal directa del titular de Secutrans, pero consideró que resulta relevante investigar el entorno y las eventuales conexiones para despejar sospechas. En su presentación, CECAITRA también mencionó acusaciones sobre un supuesto patrón de conducta atribuido al empresario: promover denuncias penales y mediáticas contra terceros, formular imputaciones de gravedad y utilizar esas presentaciones como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos o comerciales. En paralelo, continúa el expediente iniciado a partir de la denuncia de Claudio Tapia. Entre las posibles medidas figuran informes registrales, análisis de comunicaciones y reconstrucción de la secuencia temporal entre pedidos, negativas y denuncias. El caso se produce en un contexto en el que el negocio de las fotomultas representa una fuente significativa de ingresos para municipios y empresas operadoras, lo que incrementa la sensibilidad política y económica de cualquier disputa vinculada a su expansión o control. La Fiscalía definirá el alcance de la investigación y si corresponde avanzar hacia nuevas medidas procesales.